04 de Septiembre 2020 Derecho
El atropello a las instituciones legislativas

Sol Orence | Buenos Aires, Argentina

 

 

En virtud de los acontecimientos acaecidos el 1° de septiembre del 2020 en la Cámara de Diputados de la Nación, que resultan de público conocimiento, trataré a continuación distintas cuestiones que han derivado en el atropello a las instituciones legislativas por parte de Sergio T. Massa.

 

El día 19 de marzo del corriente año, por resolución RP 615/2020, el Presidente de la Cámara suspendió las actividades del recinto, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la OMS, ya que suponía un gran riesgo de contagio para los legisladores. Esta decisión produjo una parálisis absoluta de la Cámara.

 

Transcurrido un tiempo considerable en el que no se emitió ni un solo dictamen, finalmente, el día 13 de mayo se sancionó el “Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto”, que permitió el funcionamiento virtual o telemático de las sesiones parlamentarias. Este último fue aprobado estipulando un plazo de vigencia de 30 días, prorrogables por 30 días más.

 

Es importante destacar que, dicha resolución surge de una situación de excepcionalidad llamada pandemia con la mera esperanza de que, en los 60 días siguientes, los parlamentarios acordasen readaptar las sesiones entorno a las medidas decretadas por el ASPO, a los fines de –según juraron diputados y senadores en el acto de su incorporación- continuar “desempeñando debidamente el cargo y obrando en conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional” -Art. 67 CN- (1).

 

En este sentido, resulta necesario tener en consideración que -en principio- la creación del protocolo se estableció en el marco del art. 14 del Reglamento de la Cámara de Diputados (2), que dispone cuál es el ámbito para sesionar: “Los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor”.

 

Ahora bien, continuaré resaltando dos cuestiones del citado Protocolo: en primer lugar, si bien habilita a sesionar fuera del recinto, nada dice respecto del formato virtual. Sin embargo, esta cuestión de interpretación del reglamento fue zanjada por la CSJN en el fallo “Fernandez de Kirchner s/ acción declarativa de certeza”, el cual establece en el considerando 17: “El congreso como los otros poderes del estado, tiene autonomía para regular su modo de funcionamiento de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional” (3), pudiéndose entender que –provisoriamente- este procedimiento admitido se ajusta a las circunstancias.

 

En segundo lugar, volveré a hacer énfasis en la letra del artículo 14 -anteriormente mencionado-, cuando hace alusión a: “los casos de fuerza mayor”. Está de manifiesto que la pandemia resultó ser un caso de fuerza mayor, tal como lo prevé el Art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los caracteres que la doctrina y jurisprudencia unánime señalan como recaudos que debe reunir una situación para ser considerada como caso fortuito o fuerza mayor son la imprevisibilidad, la ajenidad y la inevitabilidad.

 

Al inicio de la cuarentena, hemos podido afirmar que se han cumplido los tres requisitos que habilitan la procedencia de la causal eximente de responsabilidad, conforme la normativa vigente (4).

 

Sin embargo, luego de seis meses, mi interrogante es el siguiente: actualmente, siendo un hecho factico la situación pandémica; ergo, careciendo de imprevisibilidad -requisito esencial del término empleado- y, comprendiendo que la pandemia no puede ser evitada sino aceptada como tal, siendo como sociedad obligados de este modo a entender un nuevo concepto de “normalidad”, ¿es correcto seguir hablando de un caso de fuerza mayor o nuestros diputados se están escondiendo detrás de un término jurídico vacío -ante una situación imprevista por nuestra ley- para evitar ejercer sus funciones públicas según lo establecido por nuestra Constitución Nacional? ¿Se puede considerar debido el desempeño de los cargos de los miembros de la Honorable Cámara?

 

Lamentablemente, considero que en el día 1 de septiembre del presente año, los elementos que conforman el Art. 67 de nuestro texto constitucional y por los cuales los diputados juraron, no han sido cumplidos por un significante número de ellos. Accionar tal encabezado por el mismísimo Presidente de la “Honorable” Cámara.

 

Como bien expliqué anteriormente, la excepcionalidad de sesionar de forma telemática podría ser prorrogada y así fue. Siendo el consenso la regla de renovación del protocolo, el día 2 de julio, en la Comisión de Labor Parlamentaria se aprueba legalmente, con mayoría agravada de las ¾ partes -248 votos-, la prórroga para continuar con el formato de sesiones remotas.

 

Pasado este tiempo, el Presidente de la Cámara convoca a una sesión especial que se realizaría el día 1° de septiembre.

 

Esta serie de hechos concatenados, me llevan a formular el siguiente interrogante: ¿Cuál fue el “atropello de Massa”?

 

En primer lugar, los hechos indican que la Comisión de Labor Parlamentaria no se formó correctamente, ya que Juntos por el Cambio no se había presentado. Por otra parte, el tiempo de duración del tratamiento del plan de labor resultó en un total de 8 hs -cuando la ley establece que este no debe superar la media hora reloj-.

 

Sin embargo, lo grave y preocupante fue el momento en que Sergio T. Massa, en un acto de desprotección absoluta del funcionamiento de las instituciones republicanas y las garantías del ciudadano, falseó los números que arrojaba el tablero en cuanto a la cantidad de miembros presentes en el parlamento. Es decir, registró como ausentes a los diputados que se presentaron físicamente en el recinto y como presentes a quienes que estaban conectados de manera virtual.

 

Fue así, como dio inicio ilegítimamente a la sesión, afirmando que “contaban con el quorum necesario” mientras que en virtud de los términos del Art. 15, no existía tal quorum.

 

En este punto, creo necesario citar una frase que el diputado Wolff dirigió a Massa, la cual quedará grabada en la historia argentina como un nunca más: “Me dice que estoy ausente mientras habla conmigo”. Me atrevo a decir, que esta prohibición al deber primario de diputados nacionales de participar en una sesión de Cámara, es un atentado institucional sin precedentes desde 1983.

 

Ahora bien, ¿qué es la comisión de labor parlamentaria?

 

Es la comisión conformada por el Presidente de Cámara, los tres vicepresidentes y los presidentes de los bloques. Es función de esta comisión –entre otras- preparar los planes de labor parlamentaria -Art 59- u orden del día y canalizar determinadas mociones y pedidos de los diputados, e informarse acerca del estado de los asuntos de las comisiones y el promover medidas prácticas para la agilización de los debates.

 

En atención a esto, el Art. 39, inc. 6, del Reglamento de Diputados, entre las atribuciones y deberes del Presidente establece: “Preparar el Orden del Día en defecto del proyecto de la Comisión de Labor Parlamentaria”.

 

En la práctica, el Presidente presenta a la citada Comisión un Plan de Labor “tentativo”, para que todo el plenario de la Comisión lo analice y, por consenso, se modifique para luego, previa lectura del Secretario Parlamentario, ser considerado por la Cámara. La cual, le dedicará media hora a ese tema -art. 168-, limitándose a tres minutos y por una sola vez la intervención de cada diputado -art. 60-. Luego se procederá a votarlo (5).

 

¿Cuáles eran los planes de labor parlamentaria?

 

El Proyecto de ley sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional (propuesta por Juntos por el Cambio hace meses y cajoneada por el oficialismo) y Proyecto de ley por el cual se modifica el capítulo XIII: Régimen de Infracciones y Sanciones de la Ley 24922, Federal de Pesca.

 

En este caso, la comisión era responsable de aprobar y extender la forma acordada de sesión virtual (véase la prórroga por 30 días). Como esto no sucedió, se entiende que la sesión se realizaba presencialmente –de hecho en la última convocatoria emitida por el presidente de cámara nada decía sobre la modalidad virtual de la sesión-, o en caso de algún impedimento que sea determinante de la modalidad presencial, no se debería sesionar porque no hay consenso.

 

A modo de conclusión, resulta evidente que:

 

  1. No habiendo consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria para la nueva prórroga de 30 días, el “Protocolo de Procedimiento Parlamentario Remoto”, no se encuentra vigente en la actualidad (6). Así lo resolvió el día 3 de septiembre la Cámara IV, Contencioso Administrativo Federal.
  2. Es deber de los funcionarios públicos hacer cumplir la Constitución.
  3. El reglamento de cada cámara tiene fuerza constitucional según el artículo 66 CN. En otras palabras, es la Constitución misma.

Es por esto que, el Presidente de Cámara, ante la inconstitucionalidad de la omisión de convocar a sesiones ordinarias en forma presencial, yendo en contra de lo establecido de manera expresa por el legislador en su propio texto y haciendo caso omiso a las quejas formuladas por la oposición in límine al remarcar la ilegitimidad de la sesión, realizó un atropello a las instituciones legislativas de gran gravedad.

 

Considero definitivamente que la presente situación significa un ultraje a las funciones básicas del Congreso Nacional, siendo una deshonra absoluta al sistema representativo y republicano de gobierno. Se esperaría en consecuencia de tales actos, no solo la intervención inmediata de la justicia, sino también las disculpas públicas de Sergio T. Massa por tal despotismo y, desde ya, la renuncia inmediata al cargo de Presidente de Cámara para el cual demostró carecer de investidura.

 

 

Referencias

 

(1) Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución (Capítulo Segundo, Título Primero, Constitución Nacional).

(2) Secretaría Parlamentaria y Dirección de Información parlamentaria (23/12/2019), Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, Guía del Legislador.

(3) En el mismo considerando del fallo “Fernandez de Kirchner, Cristina en Carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nacion s/ acción declarativa de certeza”, Fallo: 353/2020/CS1, se hace referencia a “Barrik”, Fallos: 342:917, considerando 2° y 23).

(4) SAIJ, “La Pandemia Como Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, 25/3/2020, PABLO CARLOS BARBIERI.

(5) Secretaría Parlamentaria, Información Parlamentaria, Glosario, “Plan de labor y Orden del Día”, Marta Luchetta.

(6) Así lo decreto la Cámara IV, Contencioso Administrativo Federal, CAF 1878/2020/CAI, “Frade Monica Edith s/ Amparo”.

 

 

* * * * *

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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