23 de Abril 2020 Derecho
Los desafíos jurídicos ante los Smartcontracts

Ornella Arrigone | Buenos Aires, Argentina

 

 

Las sociedades modernas en las que vivimos evidencian una economía acelerada, una contínua demanda y potenciación de tecnologías innovadoras que resuelvan necesidades y problemas socioeconómicos de diversas características. Si nos enfocamos específicamente en el mundo del Derecho, podemos decir que los Smart Contracts son unas de las principales tendencias en la transformación digital. Ahora bien, ¿qué es un contrato y qué son los Smart Contracts?

 

Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CCyC”) en su artículo 957 define al contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Además, el art. 958 establece que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por último, el art. 959 prevé que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley así lo dispone (1).

 

La denominación Smart Contract o “contrato inteligente” hace referencia al uso de un código informático -software o programa informático- que se utiliza para articular, verificar y ejecutar un acuerdo entre las partes. Los Smart Contracts son contratos electrónicos con la característica distintiva de que el propio instrumento hace cumplir sus términos pautados (2). No obstante, es necesario aclarar que no debe entenderse el término “inteligente” como “inteligencia artificial” porque, en realidad, hacen lo que se programó que hagan.

 

El famoso criptógrafo húngaro Nick Szabo lo define como “un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato” (3). La principal característica de este tipo de contratos es la “autoejecutabilidad”, ya que los términos acordados por las partes se redactan mediante códigos informáticos. Tales códigos y el contenido que contienen existen a través de una red distribuida y descentralizada llamada blockchain o ”cadenas de bloques”. Una vez que se cumplen las pautas establecidas, estos contratos se ejecutan utilizando la tecnología blockchain, sin ser necesario un intermediario o mecanismos de ejecución externo.

 

Siendo más claros, una vez iniciada la ejecución de un smart contract las partes dejan de tener control sobre su cumplimiento, lo cual genera desafíos jurídicos novedosos.

 

Dentro de los objetivos generales del diseño de contratos inteligentes podemos destacar:

 

  • Satisfacer condiciones contractuales comunes.

  • Minimizar las excepciones maliciosas y accidentales, como también la necesidad de intermediarios de confianza.

  • Objetivos económicos relacionados a la reducción de pérdida por fraude, los costos de arbitraje, los costos de transacción en general y cumplimiento.

 

Introduciéndonos en los conceptos y vocablos específicos de la materia, no podemos dejar de mencionar el nuevo fenómeno llamado “tokenización”, el cual supone tomar un activo y mediante la utilización de la tecnología blockchain emitir diferentes tokens. Este procedimiento facilita su negociación, como asimismo el disfrute de los derechos de ese activo y su gobierno. En concreto, el token es un registro en una base de datos descentralizada, que puede representar una moneda, una propiedad, una acción, un activo financiero o cualquier otra cosa del mundo real.

 

Otro concepto que podemos mencionar es el de la Oferta Inicial de Monedas o ICO (del inglés “Initial Coin Offering”), un mecanismo de financiamiento de un proyecto o empresa realizado a través de internet mediante la venta multitudinaria de un criptoactivo. Este se materializa mediante el uso del crowdfunding, permitiendo la recaudación de innumerables pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas. El término puede ser análogo con “venta masiva” o crowdsale (4).

 

En una ICO, el proyecto en búsqueda de dinero emite una cierta cantidad de criptoactivos o tokens encima de una plataforma blockchain previamente existente y los entrega a los inversionistas a cambio de criptomonedas o de dinero fiduciario como el dólar o el euro. Toda la operación se realiza utilizando “contratos inteligentes” que se encargan de automatizar el proceso de distribución de tokens en función de los requerimientos establecidos por el dueño de la ICO. Así, al cumplirse la condición de pago, el contrato asigna y envía a la cartera del inversionista la cantidad de tokens correspondientes automáticamente. Desde el punto de vista técnico, se habla de “eventos de generación de tokens”.

 

Las ICO presentan diferencias con la tradicional Oferta Pública Inicial o IPO (del inglés “Initial Public Offering”), es decir, el proceso de venta de una porción de las acciones de una empresa al público en el mercado de capitales, convirtiéndose sus compradores en accionistas de la empresa. Por el contrario, las ICO venden un criptoactivo o token utilitario que no representa capital accionario en la empresa o proyecto, pero que permite a su tenedor interactuar en la plataforma y ser lanzada de la forma en que los creadores lo dispongan e intercambiando en el mercado por otros criptoactivos o dinero fiduciario.

 

Enfocándonos en la repercusión de estas innovaciones en la vida laboral del Derecho, el Dr. Santiago Mora realiza en su publicación de La Ley -“La tecnología blockchain. Contratos inteligentes, ofertas iniciales de monedas y demás casos de uso”- un interesante desarrollo de los desafíos jurídicos que representa para los abogados la utilización de la tecnología blockchain como sistema de registro (5). De todos modos, destaca la falta de inconveniente en reconocer la validez de las anotaciones que allí se realicen, ya que ellas cumplen perfectamente con el concepto de documentos digitales con firmas electrónicas, incorporados en nuestro derecho por los arts. 5º y 6º de la Ley 25.506 de Firma Digital.

 

En relación a los contratos inteligentes, el autor presenta algunos desafíos y contingencias novedosas que los abogados debemos enfrentar. Teniendo en cuenta que las transacciones son irreversibles, un error o un contrato inteligente mal programado podría provocar el eterno bloqueo de los fondos recibidos. Además, existen limitaciones de redacción, siendo que el presente Código Civil y Comercial no puede capturar el dinamismo del mundo real. Estas limitaciones seguramente irán disminuyendo con el desarrollo de la técnica en general y de la inteligencia artificial en particular, pero desde ya obligarán a los abogados y a los funcionarios públicos a realizar esfuerzos que antes no eran necesarios.

 

Por otro lado, el jurista enfatiza que a los contratos inteligentes no les importa si la ejecución puede resultar injusta ni tampoco consideran los hechos o los comportamientos sociales efectivos en torno a ellos, dado que una vez activados los contratos inteligentes, las partes pierden control sobre su ejecución y no se pueden dejar de cumplir. Será importante analizar entonces cómo se conjuga ello con el régimen de vicisitudes de los contratos, entre otras cuestiones.

 

Asimismo, el Dr. Mora entiende que se pueden generar problemas en materia de privacidad y confidencialidad de la información, en particular en relación con la configuración de los derechos de acceso, supresión, actualización y modificación. En estos casos, se ha planteado que una falla informática no liberará al deudor, que seguirá obligado al cumplimiento de la obligación que le es exigible — ahora ya dependiente de la exclusiva voluntad de las partes- . Lo mismo debería aplicar para los casos en que los contratos inteligentes ejecuten prestaciones que pudieran reputarse nulas o anulables.

 

Coincido con el autor que se deberán prever canales alternativos para la efectiva realización de las prestaciones pactadas o para su adecuación a los requisitos exigidos por la ley. La doctrina, la jurisprudencia y la legislación deberán ir proponiendo e implementando las medidas prácticas necesarias para ello. En este sentido, teniendo en cuenta los innumerables emprendimientos y proyectos que han surgido en los últimos años en Argentina utilizando este tipo de tecnologías, nuestro país se encuentra en un destacado lugar en el ecosistema mundial de las crypto. Por ello, tenemos una enorme oportunidad para potenciar y aprovechar de la mejor manera los desafíos jurídicos que se nos presentan.

 

 

Referencias

 

(1) Código Civil y Comercial de la República Argentina. Arts. 957, 958 y 959. 

(2) Academy (2020), Smart Contracts: ¿Qué son, cómo funcionan y qué aportan? 

(3) Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts. Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials, 6.

(4) Criptonoticias. (2019) Qué son las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO).

(5) Mora, S. J. (2019). La tecnología blockchain. Contratos inteligentes, ofertas de monedas y demás casos de uso. La Ley, 1(04).

 

 

* * * * *

 

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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