04 de Abril 2020 Economía
El Estado argentino muestra nuevamente su peor cara

Juan Ignacio Catá | Buenos Aires, Argentina

 

 

En medio de una pandemia que produjo más de un millón de contagios y 60.000 víctimas fatales a nivel mundial, y que sin embargo no parece haber alcanzado todavía su pico máximo, los bancos argentinos reabrieron sus puertas luego de dos semanas con la excusa de que los jubilados puedan acercarse a retirar sus jubilaciones de sus cuentas bancarias. Como consecuencia, miles de adultos mayores se agolparon en las puertas de los bancos (muchos haciendo cola desde la madrugada), rompiendo cualquier tipo de protocolo de salud ideado para mitigar las consecuencias del coronavirus.

 

A partir de este hecho, surgen las primeras preguntas: ¿a qué se debió que tanto el Estado como los ciudadanos hayan hecho caso omiso a las recomendaciones y protocolos de salud difundidos y establecidos? ¿Se podría haber evitado el amontonamiento de miles de personas o estamos hablando de negligencia o hasta de dolo, siendo que gran cantidad de las muertes ocurren entre personas de edad avanzada?

 

Si bien es cierto que es una responsabilidad individual cumplir con las recomendaciones y respetar los protocolos de distanciamiento social y cuarentena, esto podría haberse evitado si tanto el poder ejecutivo, el Banco Central, los bancos y las fuerzas de seguridad hubiesen unido esfuerzos en idear un plan de acción en donde los jubilados puedan retirar su pensión sin poner en riesgo su salud. Medios electrónicos seguros, intuitivos y fáciles de usar, sistemas de turnos por teléfono, mayor cantidad de cajeros automáticos con límites de extracción más altos; son varias las alternativas que podrían haber evitado esta situación. El problema es que estas opciones son inviables en este país, producto de décadas de desinversión en infraestructura debido a una seguridad jurídica, económica y financiera imposible de garantizar.

 

Además, Argentina es conocida por tener un frondoso prontuario en cuanto a seguridad bancaria se refiere. El ciudadano en general sabe por experiencia que en épocas de crisis su dinero no está seguro si está depositado en una cuenta bancaria. Y esta crisis, que comenzó a fines de abril de 2018 con la megadevaluación y que se ha profundizado en los últimos meses, parece no ser la excepción. Como dice el dicho: “el que se quema con leche, ve la vaca y llora”. Si a esto le sumamos el efecto de la actual cuarentena obligatoria en la economía, los jubilados se ven obligados a tener que decidir entre ahorros o salud: arriesgarse a ser contagiados en las largas colas bancarias que se vieron en todo el país para poder retirar sus depósitos y asegurar su dinero para afrontar lo que se viene; o quedarse en sus casas respetando la cuarentena, sin saber si podrán cobrar sus jubilaciones cuando se retomen las actividades con normalidad. Entonces, de nada sirve cumplir con la cuarentena si el Estado te obliga a arriesgar tu salud para poder subsistir.

 

El pronóstico indica que esta situación se agravará en vez de mejorar. Si la economía no empieza a reactivarse en los próximos meses, Argentina podría sufrir una de las mayores catástrofes macroeconómicas de su historia. El combo con la pandemia podría ser de magnitudes dantescas. Es necesario que la clase política argentina, tanto oficialismo como oposición, enfrente la situación con responsabilidad y comience a tomar medidas eficientes, que cumplan en cuidar realmente a nuestros ciudadanos, en especial los más vulnerables.

 

Es sabido que el gasto previsional representa el mayor egreso de dinero del Gasto Público. Hoy el sistema jubilatorio argentino está quebrado, tras estatizar el sistema de AFJP y permitir jubilarse a gente que nunca había aportado. Hace años que se reclama una solución a esta situación que tiene como víctima al grupo que debería ser de los más protegidos de nuestra sociedad; muchos de sus miembros cobrando el monto mínimo que los deja al borde o por debajo de la línea de pobreza tras años de aportes.

 

Por negligencia u omisión, miles de jubilados han sido expuestos a un virus que, al igual que en países como Italia o España (partido Atalanta vs. Valencia por la Champions League en Milán o las marchas del 8N en Madrid), el contagio masivo fue producto de situaciones públicas similares. En todos estos países, la mayoría de las víctimas pertenece a este sector de mayor edad de la población. Habiendo sido testigos de tragedias como la de Once o Cromañón, productos de la ineficiencia estatal, no sería sorprendente que una vez más la corrupción y la inoperancia se cobre la vida de gente inocente.

 

 

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Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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