20 de Noviembre 2020 Derecho
El mercado laboral en Uruguay

Eric Bukstein y Cristián Correa | Montevideo, Uruguay

 

En los últimos años, el mercado laboral en Uruguay ha sufrido un sostenido deterioro. Entre los años 2014 y 2019, se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo en diversas áreas de actividad. En el año 2020, esta situación ya compleja, se vio agravada por la llegada de la pandemia de Covid-19. Es por ello que uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país es frenar esa problemática y generar los incentivos para que haya inversión y creación de empleo genuino.

 

Si bien Uruguay ofrece una serie de fortalezas que lo hacen atractivo para captar inversiones, como es el caso de la seguridad jurídica, de la estabilidad democrática e institucional, el respeto de la propiedad privada, entre otros, también tiene aspectos a mejorar. Entre estos últimos, se encuentran, a modo de ejemplo, la regulación existente sobre las relaciones laborales y las implicancias de la conflictividad sindical.

 

La situación de la regulación laboral ha sido observada por varias organizaciones.

 

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial tiene indicadores que reflejan la rigidez del mercado laboral. En este estudio, que compara y clasifica a 141 países según la adaptación institucional, regulatoria y social para tener una economía más competitiva, Uruguay evidencia severos problemas. El país está posicionado 138° en prácticas de contratación y despido; 138° en relaciones laborales; y 141° en flexibilidad para determinar los salarios. Y en lo que refiere a Meritocracia e Incentivos, Uruguay está 122° en materia de relación salario-productividad.

 

Por su parte, Heritage Foundation muestra en su Índice de Libertad Económica 2020 que la legislación laboral es muy rígida y sugiere su flexibilización para mejorar la eficiencia regulatoria.

 

Además, la consultora KPMG, en el Change Readiness Index 2019, califica al mercado laboral uruguayo como el 125° del mundo, con un puntaje de 0.11 de 1, afectando negativamente la capacidad emprendedora del país.

 

Indudablemente, las organizaciones gremiales, tanto de trabajadores como de empleadores, son actores fundamentales en el mercado de trabajo, y como tales deben desempeñar su rol con responsabilidad y contribuir a formar un clima laboral de cooperación pacífica. Para que esto sea posible, la legislación del trabajo debe contemplar a ambas partes de la relación laboral, es decir, tanto a trabajadores como empleadores, sin generar desequilibrios que resulten en verdaderas injusticias.

 

A modo de ejemplo, actualmente existe en nuestro derecho positivo, la Ley N° 18.566, denominada “Ley de Negociación Colectiva”, la cual contiene algunas disposiciones que conspiran contra la creación de empleo y no atienden la realidad del mercado laboral. En concreto, nos referimos al artículo 15 de la citada norma legal, que establece que por ejemplo, los acuerdos celebrados a nivel de empresa, no pueden apartarse de los salarios mínimos establecidos por los niveles de negociación superior, es decir, por rama o sector de actividad. Esto significa la imposibilidad de atender  la realidad de cada empresa en particular, debiendo someterse a lo que se decida para el rubro en general.

 

Esta situación genera que algunas empresas, en especial las de menor tamaño, no puedan hacer frente a las pautas salariales fijadas para emprendimientos de mayor envergadura. Tampoco se contemplan las diferencias propias de la ubicación geográfica de cada establecimiento productivo, pretendiendo equiparar la capacidad económica de un gran empleador de la capital del país con otro de menor poder, por ejemplo, en alguna localidad del interior.

 

Desde nuestro punto de vista, este tipo de rigidez en la regulación laboral conspira contra las fuentes de empleo y resulta un desincentivo para la proliferación de emprendimientos de menor cuantía, impidiendo que nuevos actores ingresen en el mercado, ya que no pueden competir asumiendo costos fijos que sí pueden afrontar empleadores de mayor tamaño.

 

En síntesis, sin dejar de lado la importancia del Derecho Laboral en la evolución histórica del mercado del trabajo, el mismo debe acompasar la realidad económica y social, y no devenir en un obstáculo para la contratación de personal y la generación de oportunidades para los trabajadores.

 

*****

 

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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