18 de Septiembre 2019 Derecho
La transparencia y la hipocresía

Facundo Balardini | Montevideo, Uruguay


Hace ya mucho tiempo que se ha puesto de moda por parte de los gobernantes de turno -sean del partido que sea- el citar a la tan anhelada Transparencia como un fin en sí mismo. Algo así como uno de los leitmotiv del Estado. Aquello que debe ser implementado con total eficiencia y disponiendo de todos los recursos materiales posibles, sin importar el costo que conlleve, para llegar a montar una estructura gubernamental y burocrática tal, que cuente con todas las garantías para cumplir (y cumplir con creces) con ese ideal óptimo de regulación, que a los políticos les gusta llamar “Transparencia”.


Paradigmático es el caso de Uruguay, en donde después de década y media de la izquierda de gobernante, parece que una de las mayores realizaciones del gobierno ha sido llevar hasta niveles que dejan chica a cualquier ficción orwelliana, la cantidad de regulaciones dispuestas para aumentar el control del Estado sobre la vida económica de los particulares.


Obligación de notificar al Banco Central cuando se realizan cesiones de acciones en Sociedad Anónimas, así como el monto por el cual se cedió y nombre y datos de las partes; la eliminación prácticamente total del secreto bancario en favor del ente recaudador DGI, que puede exigir al banco la revisión de los saldos de cuentas de cualquier hijo de un vecino, sin necesidad de contar con autorización judicial ni presunción alguna, felizmente anunciada en su momento por Mario Bergara, actual precandidato de la interna frentista, como “Golpe casi letal al Secreto Bancario”.


Facturación electrónica y la Ley de Bancarización Obligatoria (mal llamada de “Inclusión financiera”), que impone la obligación de que todas las transacciones económicas se abonen con medios electrónicos, a fin de quedar registradas en los historiales de movimientos de los bancos, que después la DGI puede exigir revisar.


Como frutilla de la torta, resulta que ahora el fisco tiene derecho a solicitar a instituciones de naturaleza indefinida -ya no bancas- tales como centros educativos o clubes deportivos, datos específicos sobre sus usuarios a fin de cruzarlos con los datos financieros que ya recabaron, y así dicho muy a lo criollo “ver quien se está haciendo la rata”.


De más está decir que todas las anteriores reglamentaciones se llevan a cabo bajo una indisimulada coacción estatal, bajo apercibimiento de diversas sanciones, las cuales el fisco aplica sin muchas vueltas, a diestra y siniestra, la mayor parte del tiempo con el aval de organismos internacionales de reprochable actuación que no cumplen otra cosa más que la de ser nidos de burócratas de alto rango -léase: OCDE-.


Hay que tener en cuenta todo el costo de cumplimiento que ésta infraestructura lleva aparejado; comisiones bancarias, honorarios profesionales de contadores, contratación de personal administrativo interno y externo, gastos en documentos y certificaciones, como así también en dispositivos y software que permitan cumplir con las reglamentaciones.


El peso de esta estructura paquidérmica no lo paga la DGI, no lo paga el BCU, no lo paga la OCDE, no lo paga ningún Estado. Lo paga el Privado: el lector, yo, y todo trabajador o ciudadano aportante.


Entonces: y ahora sí el porqué del título, todo el cúmulo regulatorio que el gobierno busca implementar sin demoras y contando con todos los recursos al privado, son llevados a cabo bajo la divina excusa de “La Transparencia”, a toda hora, ir y venir, el oficialismo todo ha creado un culto alrededor del instituto de la Transparencia (porque ya se le podría dar dicho rango).


No hay que ser muy baqueano para darse cuenta que toda aquella fábula agiornada por el lenguaje burdo de algún burócrata fino como “métodos y soluciones legales de vanguardia para estar acorde con la normativa internacional en materia de…” No es otra cosa más que el deseo por recaudar, la voracidad fiscal, el fisco insaciable, el “Más y mejor Estado presente” como está de moda decirle ahora.


En tanto, mientras el Estado dispone como en ningún otro momento de la historia de sofisticados medios que le faciliten la colecta forzada, en otras palabras, de aplicarle “su Transparencia” al sector privado, parece que los gobernantes tienen total blindaje legal para gozar ellos mismos de total libertad para gestionar -mejor dicho, derrochar- dineros públicos como si fueran suyos.


Bloqueos de comisiones investigadoras en el parlamento, la negativa de brindar información sobre el verdadero costo del Antel Arena -la fortaleza de los sueños de Cosse-, el secretismo y el recelo que envuelven las negociaciones en torno a UPM, son solo los ejemplos más recientes, porque si entramos a hilar fino, hay de sobra.


Siendo más gráficos: el Gobierno invocando su tan mentada transparencia se cree con la facultad de aplicar cuanto control le venga en gana al ciudadano común y a sus ingresos con el solo fin de recaudar más y mejor. Pero a su vez, el mismo Estado que se conduce con hostilidad en sus prácticas tributarias y se beneficia de recaudar para sí parte de lo que le sustrajo antes al mismo ciudadano, obstaculiza y pone excusas cuando se le reclama saber cuál fue el destino de lo recaudado, el cual dilapida con total opacidad.


Usando un lenguaje más moderno, y ya que estamos, con más “perspectiva de género” para no ser anticuados. ¿Cómo se le dice cuando alguien se ve atrapado en una relación de dudoso consentimiento, con alguien que lo extorsiona, le demanda información sobre los gastos que el otro hace con su propio dinero bajo amenazas, lo intimida y ejerce abusos de poder, y para colmo, le obliga a darle para sí una parte de sus ingresos por los que nunca rinde cuentas? Es un hecho; el gobierno es el perfecto ejemplo de un maltratador en una relación tóxica.


Sin Palabras.

 

 

* * * * *

 

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

COMPARTIR

11172047_photo-1579758258316-57081bac8ea8.jpg

NOTICIAS RELACIONADAS

11131607_Constitucionyley.png

04 de Octubre 2021

Derecho

Ya es tiempo de exigir que se cumpla con la Constitución y la Ley

08021237_Formatofotoweb.png

02 de Agosto 2021

Derecho

LUC: dinámica, fundada y urgente

07011705_Formatofotoweb.png

02 de Julio 2021

Derecho

Desafíos del sistema previsional en Uruguay

03251933_FORMATOFOTOWEB.png

26 de Marzo 2021

Derecho

Sobre aborto y libertarianismo

11201450_mercado.png

20 de Noviembre 2020

Derecho

El mercado laboral en Uruguay

10142159_Parlamento-Uruguay-e1.jpg

25 de Junio 2020

Derecho

¿Laissez faire o intervencionismo?

10142156_descarga1.png

08 de Junio 2020

Derecho

Una piedra en el zapato de la izquierda feminista

10142153_images.jpg

20 de Mayo 2020

Derecho

Sobre los delitos y la importancia de lo simbólico

10142123_Dolar.jpg

05 de Mayo 2020

Derecho

Democracia liberal y economía de mercado

10142120_IMG1958.png

01 de Abril 2020

Derecho

Juristas al Parlamento: el retorno de una sana costumbre

10181713_l1534235720.jpg

06 de Marzo 2019

Derecho

A más de media década de la legislación de la marihuana legal: resultados y observaciones

"El avance y la difusión del conocimiento son los únicos guardianes de la verdadera libertad"

James Madison

diseño y desarrollo: Creatica