04 de Junio 2020 Derecho
Activismo en dictadura

Macarena del Rey | Buenos Aires, Argentina

 

 

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas logró que 48 países miembros firmaran un histórico documento: la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta reconoció, por primera vez, treinta derechos y libertades inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole. Los derechos incluidos constituyen hoy en día la base del sistema internacional de derechos humanos junto a los diversos tratados y declaraciones.

 

A pesar de haber sido un gran hito histórico dirigido a disminuir los actos de barbarie ultrajantes que marcan la conciencia de la humanidad, en Venezuela la protección de los derechos fundamentales discrimina por ideología. La corrupción, el narcotráfico y la riqueza de unos pocos ha devastado al país. Un régimen ilegítimo rechazado por más del 80% de los ciudadanos utiliza la violación sistemática de los derechos humanos como una de sus herramientas internas para mantener su status quo.

 

En la Venezuela de Nicolás Maduro la represión, la tortura, los presos políticos, la falta de medicamentos y alimentos, las ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas gubernamentales, los cortes de luz y las migraciones masivas forman parte de la vida cotidiana. Frente a esta situación, la gran protagonista y la única que ha logrado avances en materia de derechos humanos ha sido la sociedad civil.

 

Donde el Estado de Derecho no existe, son los jóvenes activistas por los derechos humanos quienes velan por ellos. Según Naciones Unidas, se utiliza el término “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Las tareas en Venezuela son diversas: unos se dedican a la denuncia, otros recorren las cárceles para visitar a los presos políticos y corroborar su estado, otros recogen datos ya que no existen fuentes estatales, otros recorren los hospitales llevando insumos recolectados en campañas nacionales e internacionales, etc.

 

Hoy Argentina es el hogar de muchos de estos jóvenes, quienes se han visto obligados a migrar debido a su activismo. Los costos por defender la dignidad humana en dictadura son altos: la persecución, las órdenes de captura y el posterior enjuiciamiento por tribunales militares que condenan a civiles por terrorismo y traición a la patria convierten a muchos de ellos en presos políticos. Desde la protestas de 2017, esta práctica ha hecho crecer el número de refugiados políticos venezolanos en América Latina.

 

Activistas de diversas partes del país, a pesar de tomar las precauciones necesarias -falsear su identidad a la hora de visitar a los presos políticos o acudir a las reuniones sin celulares para evitar ser rastreados-, debieron abandonar su país. Muchos debieron huir tras enterarse que sus nombres aparecían en listas de ciudadanos con orden de captura para ser juzgados por tribunales militares. Desde el exterior, lejos de sus familias, muchos de ellos continúan contribuyendo a la causa, dando testimonio de lo que se vive en el país y conformando asociaciones civiles que buscan facilitar la vida de la comunidad venezolana migrante en casi todo el mundo.

 

Pese a esto, las marchas y las denuncias de la sociedad civil han dejado su marca en el sistema de Naciones Unidas, y luego de tantos años de silencio, han habido importantes avances en defensa de la ciudadanía venezolana. En junio del año pasado, Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, viajó a Venezuela para conocer la situación descrita por los numerosos testimonios que exiliados venezolanos han pronunciado más de una vez en los distintos parlamentos, congresos u organismos internacionales. A partir de este viaje, se presentó por primera vez un informe de la situación ante el Consejo de Derechos Humanos, donde se reconoce la existencia de una violación sistemática y continua de los derechos humanos, sociales, económicos, políticos y laborales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Si bien no alivia la situación, muchos ven este acto como un hecho sin precedentes. Luchar por la libertad no es delito.

 

 

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Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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