José Ponte Rangel | Buenos Aires, Argentina

Las diferencias políticas no son perjudiciales, especialmente si contribuyen a la construcción de una nación heterogénea. La diversidad de pensamientos es necesaria en cualquier democracia sana; y debemos celebrar que en la mayoría de los países de Latinoamérica existe. Ahora bien, cuando la diferencia ya no es de ideas, sino de moral y ética, es otra cosa; especialmente, cuando se habla de derechos fundamentales, como los Derechos Humanos. No podemos construir una Patria Grande en la que a algunos les parezca normal las torturas, las desapariciones y los asesinatos de ciudadanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado, mientras se escudan en la no intervención en asuntos internos. Ahí no puede haber diferencias. La única opción que podemos aceptar es la condena, no hay lugar para los grises.

Con gran decepción e indignación, días pasados escuchamos las palabras del señor Carlos Raimundi, embajador político del Estado argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desacreditando el informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos realizado por la misión designada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Las declaraciones expresadas por el representante argentino rompieron una tradición de años de defensa de los Derechos Humanos por parte del país.

El gobierno de Fernández le ha dado la espalda al pueblo venezolano, retomando un acercamiento al gobierno de Maduro que continúa la línea de política exterior kirchnerista que se había interrumpido durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta situación se agrava si analizamos, a la luz de la historia, la postura diplomática adoptada por Venezuela en momentos similares de Argentina.

En 1963, se realizaron elecciones tuteladas por las Fuerzas Armadas, en las que el peronismo estuvo proscripto. Venezuela fue el primer país de la región en condenar este hecho, reclamando que, para reconocer unas elecciones democráticas, se debía permitir la participación de todos los actores políticos. Ese mismo año, el gobierno de Venezuela, invocando la Doctrina Betancourt, desconoció las elecciones y rompió relaciones con Argentina.

En 1966, Arturo Illia fue depuesto por la Revolución Argentina, que llevó al poder a Juan Carlos Onganía. Como en las elecciones anteriores, el presidente de Venezuela, Raúl Leoni, condenó el hecho y reafirmó que Venezuela no mantendría relaciones con Argentina hasta que no hubiera elecciones libres y democráticas.

Una década más tarde, en 1976, Venezuela desconoció y mantuvo un permanente rechazo a la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Venezuela tomó una actitud activa en los foros internacionales, respaldando en la OEA la iniciativa para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite Argentina, con el fin de investigar y compilar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de los exiliados argentinos que escapaban de la dictadura. Sin las redes sociales, estos eran el único testimonio que había sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en el poder.

Por su parte, el gobierno de Videla se negaba a recibir a la CIDH, pero terminó cediendo frente a la presión internacional. Así fue como el 18 de diciembre de 1978, el régimen argentino extendió una invitación a la comisión para que visite el país. Las atrocidades fueron documentadas: persecución política, torturas, asesinatos y desapariciones. En la OEA, Venezuela no dudó en validar y avalar el informe realizado por la CIDH. En 1984, con el retorno de la democracia al país, el estudio fue hecho público con el titulo “El informe prohibido”.

Volviendo al presente, desde el Frente de Todos justifican esta postura tomada por Raimundi diciendo que la misma obedece a “compromisos pasados y coincidencias ideológicas”. Creo que hay más de lo segundo que de lo primero; los compromisos son posiblemente los negocios que tenía el kirchnerismo en la embajada paralela en Caracas.

Genesis Carmona, Robert Redman, Bassil Da Costa y Juan Pablo Pernalete fueron asesinados por organismos de seguridad del Estado bajo la dictadura cívico-militar de Nicolás Maduro. Desconocer esto no muestra diferencias políticas. No condenar la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del régimen venezolano muestra miseria humana y complicidad. Si el gobierno de Alberto Fernández continúa en la línea kirchnerista de defensa a la dictadura, entonces pasará a la historia como un gobierno de inhumanos, traidores a la Patria Grande y desleales a los valores democráticos y libertarios de nuestro héroes.

* Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.