Bruno Telesca | Montevideo, Uruguay

Desde sus incipientes inicios hasta su masificación, Internet fue percibido como un paraíso de libertad que se diferenciaba de otros medios de comunicación que se veían direccionados por gobiernos, intereses económicos y lobbies de todo tipo. Este espíritu es fielmente expresado por John Perry Barlow en A Declaration of the Independence of Cyberspace:

“Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla.”

Internet fue concebido como un lugar libre, cuya única amenaza podría ser la sed reguladora de los gobiernos de turno. Sin embargo, la libertad en la web, desde hace algunos años, cuenta con otras amenazas: las mismas empresas tecnológicas.

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, junto con otras redes sociales, iniciaron su camino como plataformas revolucionarias, donde millones de personas podían comunicarse, informarse e interactuar con pocas restricciones y con seguridad de que no serían apuntados por sus ideas. Su éxito se ve reflejado en la multiplicidad de usos sociales generados: de agregar amigos y seguir famosos, se pasó a hablar de política, debatir sobre ideología y hasta formar partidos políticos. Twitter fue la red social que mejor encajó con estos usos, y hoy en día es la red social por excelencia en la materia. Incluso, los ex Presidentes de Estados Unidos Donald Trump y Barack Obama ayudaron a popularizar aún más el enfoque político de estas redes con sus declaraciones o divulgación de contenido. A pesar de las diferencias y acalorados debates que pudieran surgir, rara vez se censuraba o expulsaba personas por sus ideas.

Esta libertad de expresión en las redes está consagrada por la Ley de la Decencia en la Comunicación (1996). Aprobada en el primer gobierno de Bill Clinton, esta ley le otorga inmunidad legal a cualquier empresa que preste un servicio de interacción social ante cualquier publicación, video, imagen o contenido publicado en sus sitios. Facebook Inc. con Facebook e Instagram, Alphabet con YouTube, y Twitter Inc. con Twitter, son beneficiarios de esta protección.  Específicamente, la Sección 230 indica: 

"Ningún proveedor o usuario de un servicio  informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".

Esta sección considera a las redes sociales como “Foro público neutral”, donde los usuarios interactúan libremente y las empresas no tienen responsabilidad legal por los contenidos que esas personas compartan. Como contrapartida, las empresas no pueden editar el contenido. Las reglas dentro de estas plataformas se establecen mediante los “Términos y condiciones” que se aceptan al crear una cuenta. De esta forma, internet y las redes sociales funcionan como espacios fértiles para el debate. 

Sin embargo, el bienio 2020-2021 ve a esta libertad amenazada. Los términos y condiciones empezaron a ser violados por las mismas empresas que los crean. Un caso emblemático fue cuando se impulsó la censura al Presidente Donald Trump en mayo de 2020. De un día para otro, Twitter añadió una nueva función -no incluida en los Términos y Condiciones- mediante la cual se generaba un “cartel verificador” para cada tweet de Donald Trump. 

Este cartel verificador, que se usaba bajo la excusa de evitar fake news, solamente se usó en cuentas de políticos republicanos, demostrando el sesgo de la plataforma que claramente buscaba perjudicar a ese Partido y lograr que el Partido Demócrata saliera beneficiado. A esta función se le sumó la prohibición de retwittear y hasta la eliminación de contenido de la cuenta oficial de Trump como Presidente de los Estados Unidos.

¿Por qué es relevante contar la historia de Twitter y Trump? Porque demuestra que ninguna persona, sea periodista, político, o un simple usuario, está a salvo de vivir la misma censura inmoral y contraria a los principios fundacionales de la sociedad americana. 

“¿Y por qué no crear otras redes sociales que aseguren la libertad de expresión?”, puede preguntase el lector. Lo mismo pensaron John Matze y Jared Thomson, los creadores de Parler. Parler es una red social que se presenta como una alternativa más libre a Twitter. Esta plataforma comenzó a tener un importante crecimiento en 2020. Sin embargo, la aplicación fue retirada de las tiendas de Android y Apple, mientras que Amazon dejó de proveer alojamiento web. Esto fue motivado por la prevalencia de contenido conservador generado por los usuarios, evidenciándose que las gigantes tecnológicas están activamente evitando el surgimiento de redes sociales que respeten la libertad de los usuarios.

Otra víctima de esta cruzada inquisidora por parte de las Big Tech fue PragerU. PragerU es una organización sin fines de lucro que crea contenido político, económico y filosófico desde una óptica conservadora. En YouTube, PragerU sufrió un ghost banning: el uso de algoritmos especialmente diseñados para limitar la llegada del contenido a no seguidores. Más de 100 videos fueron afectados de alguna manera, demostrando que no es casualidad ni un error puntual.

Por una situación similar pasó Ron Paul, activista libertario y ex-congresista por el Partido Republicano. Paul sufrió una restricción en el uso  de su cuenta de Facebook por varios días, al poco tiempo de haber criticado la censura de las redes sociales a ciertas opiniones políticas.

En definitiva, hay un escenario de empresas tecnológicas que coluden entre sí, que violan sus mismos términos y condiciones, y que censuran opiniones de ciudadanos, legisladores y actores de la sociedad civil. Esto es un escenario de riesgo para la calidad democrática de Estados Unidos y potencialmente de todo Occidente.

Teniendo en cuenta esto, el espectro ideológico liberal se debe un serio debate: ¿qué hacer cuando la libertad de expresión se ve amenazada por actores del sector privado?

Hungría y Polonia son dos países en donde se podrá ver este debate en los próximos meses. Quizás sea el momento para que Uruguay y Argentina comiencen a hacer lo mismo.

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*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de FREE.