08 de Julio 2019 Economía
Combustibles en Uruguay, un saqueo monopólico

Darío Vecchio y Lucía López | Montevideo, Uruguay

 

Uno de los mayores problemas que presenta la economía uruguaya desde los inicios del siglo anterior es que las principales empresas proveedoras de insumos del sector productivo son monopólicas y estatales. Además, sus tarifas son fijadas de forma arbitraria, y parecerían tener intenciones diferentes a las que competen a estos entes, como la estabilización macroeconómica, o de alivianamiento del déficit crónico que padecemos.

 

URSEA es el organismo encargado de presentar información general sobre energía, combustibles y agua y saneamiento. En el caso de los combustibles, la Paridad de Precios de Importación (PPI) es un cálculo del precio en el mercado local de estos productos si pudieran ser importados libremente y con los costos correspondientes hasta que llegue al consumidor. Estos datos, comparados con la tarifa fijada por ANCAP (o precios medios al consumidor final), permiten ver, o aproximarse, a lo que sería el sobreprecio que pagamos los uruguayos, y que estamos obligados a pagar por la condición de monopolio del proveedor, la prohibición de importar directamente este producto, y su inelasticidad.

 

 

 

Como muestra el gráfico, el producto que tiene mayor sobreprecio es el gas oil. En promedio, tomando los datos observados desde el año 2014, el sobreprecio del gasoil asciende al 28%; pero tomando el año 2015 como punto de partida se calcula que el precio de venta excede al PPI en un 31%, manteniéndose este monto a partir del 2016 y descendiendo a 29% desde el 2017. Sin embargo, el caso del Super 95 presenta una tendencia al alza y no a la baja, como parece estar encaminándose el gasoil. Si tomamos el promedio de sobreprecio desde los mismos años que el gasoil, los datos muestran 6%, 7%, 8.5% y 9% respectivamente.

 

De acuerdo con el Balance Energético elaborado por el MIEM, cuya última publicación disponible es el balance preliminar del 2017, el consumo del diésel oil/biodiésel (categoría en la que se incluye el gas oil) está dividido principalmente entre: transporte (79%), actividades de agro, pesca y minería (17,6%) y la industria (2%). Indudablemente, todo esto tiene un impacto en la economía del país. En primer lugar, el impacto se lo lleva el productor, por ejemplo, los exportadores. Las empresas exportadoras uruguayas son tomadoras de precios. La baja capacidad de competir de estas empresas en el mercado internacional, sumado a la carga que le implican las altas tarifas de los combustibles (insumo de la producción), significa una reducción del margen de ganancia de estas empresas, e incluso una posible salida del mercado de alguna de ellas. Esto tiene como consecuencia una pérdida en los puestos de trabajo y un aumento de los precios de sus productos, ajuste que se da como resultado de la reducción del número empresas en el mercado doméstico. De esta forma, el consumidor local se ve afectado, ya que tiene menos oferta de la donde elegir su consumo, y un precio mayor, e incluso quizás haya perdido su trabajo.

 

Además, no se puede obviar que un razonamiento similar se les aplica a todos los combustibles, incluso los que son principalmente consumidos por la ciudadanía para consumo personal, como la gasolina Super 95. Estos sobreprecios aumentan el costo de vida de los ciudadanos empeoran su bienestar.

 

Fernando Pereira, en Radio Carve, el día 5 de junio de este año, afirmó que “Se está instalando una lógica compleja en Uruguay donde hablar de la palabra “impuesto” es como hablar de un pecado original.” Tal vez, los inmensos sobreprecios (impuestos encubiertos) que los uruguayos están obligados a soportar, el cierre de empresas por su incapacidad de competir, la pérdida de empleo y el aumento de precios son el verdadero pecado capital.

 

Con la suba de los precios internacionales del petróleo, y el incremento del tipo de cambio, parecería que ANCAP ha encontrado otra excusa para aumentar el precio de los combustibles. Existe la posibilidad de bajar el costo administrativo del Estado, para alivianar a los esclavos tributarios que año a año financian los despilfarros de los gobernantes de turno. ¿No sería una medida más eficiente liberar directamente la importación de combustible, y cerrar empresas ineficientes, como ANCAP y sus subsidiarias, que generan pérdidas millonarias para todos?

 

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Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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