10 de Noviembre 2021 Economía
Controles de precios: una utopía impracticable

Keylah Dugarte y Maximiliano Zucco | Buenos Aires, Argentina

 

La inflación es un mal endémico que azota a la Argentina desde hace más de 70 años. La pérdida de valor del peso, ahorrar en bienes durables o en dólares y “no saber cuánto valen las cosas” son sólo algunas de las consecuencias de la inflación, que forman parte del día a día de los argentinos. Una vez más, el país vuelve a discutir lecciones que la ciencia económica y la experiencia tanto propia como del resto del mundo ya se han encargado de demostrar: un aumento en la cantidad de dinero, por encima de su demanda, reduce su valor.

 

En la práctica, la necesidad de financiar el gasto público lleva a los gobiernos a abusar de la emisión monetaria, mientras los salarios y ahorros pierden poder de compra, víctimas del impuesto inflacionario. Si bien la inflación es una de las problemáticas históricas de los argentinos, las encuestas muestran que, durante los últimos meses, especialmente encabeza la lista de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por esta razón, en un contexto de inflación elevada, y enfrentando un resultado electoral adverso, el gobierno argentino lanzó, como tantas veces en el pasado, un programa de control de precios.

 

Esencialmente el control de precios consiste en fijar precios máximos para una lista de productos durante un tiempo determinado imponiendo sanciones a quienes acuerden transacciones con un precio mayor al establecido. En la mayoría de los casos el control de precios sirve un doble propósito: detener de forma transitoria la pérdida de poder adquisitivo del dinero y reducir el precio de ciertos productos que impactan sobre los principales índices socioeconómicos. Esto es lo que sucede en el caso argentino, donde el Secretario de Comercio Interior afirmó que los precios “tienen que retrotraerse y estabilizarse por 90 días” a la vez que requirió a las empresas "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada” (Resolución 1050/2021).

 

La experiencia con los controles de precios alrededor del mundo es tan amplia como contundente en cuanto a su fracaso como herramienta para combatir la inflación. Uno de los ejemplos más claros es el de Venezuela en el que impregnado de “buenas intenciones” la intervención directa del gobierno en el mercado de bienes y servicios, (cuya práctica pareciera una de las más populares a imitar entre los gobernantes latinoamericanos)  orientado para “favorecer” al consumidor o al productor, llevó a la inminente aparición de la escasez, los mercados negros, espiral inflacionario y corrupción.

 

Para ilustrar esto, cuando el gobierno propone controles para  favorecer por ejemplo  al consumidor, fija precios máximos de venta de ciertos bienes y servicios con el fin de que las personas puedan comprar “más barato”. Pero no es tan simple; dado este caso: un kilo de carne de cerdo que se vende en AR$500 y el gobierno decide ajustarlo arbitrariamente a AR$250, el productor va a ofrecer tanto como el costo de producción no supere el precio de venta fijado por el gobierno. Claramente, muchos serán los que quisieran comprar a AR$250 pero sólo la mitad o menos podrá hacerlo y comenzarán los problemas de escasez.

 

Ahora bien, dado el caso que el gobierno busque favorecer al productor, no fijará precios máximos como en el caso anterior, sino precios mínimos de venta de ciertos bienes y servicios. Ocasionando, un excedente de producción que ya ninguna persona está dispuesta a comprar y que por lo general o lo compra el gobierno o sale del mercado local vía exportación, esto último sólo si no están reguladas.

 

Es de notar que los controles rápidamente dan señales de desajustes en la economía. Sistemáticamente no van a permitir en el mediano y largo plazo que el mercado tienda al equilibrio. Entiéndase equilibrio del mercado como una actividad dinámica, resultado de las relaciones humanas de intercambio libre y voluntario y no de “equilibrio estático” como se pretende forzar las relaciones en el mercado, cuando se fijan precios y se establecen regulaciones.

 

Hoy día Venezuela, es el referente viviente de lo ilustrado. Donde el intervencionismo gubernamental en el quehacer económico, a través de controles sostenidos por más de 15 años; ha dejado un daño estructural profundo, pérdida de libertades y miseria para los ciudadanos. Las buenas intenciones de los gobiernos sobre las que se sustenta la tesis del control de precios no terminan favoreciendo ni al consumidor ni al productor. Su instrumentación evidencia su inoperancia. 

 

El problema fundamental del control de precios es que no es posible fijar de forma arbitraria el precio de un bien sin afectar su cantidad ofertada. Si el precio establecido es menor al de mercado, se reduce la cantidad ofrecida al punto de que fijando un precio suficientemente bajo, la cantidad ofrecida se vuelve cero. Así, el control de precios conduce al desabastecimiento y tanto compradores como vendedores tienen incentivos a evadir los controles e intercambiar libremente en el mercado paralelo. Ni siquiera un Banco Central puede escapar de esta realidad: siempre que el Banco Central de la República Argentina fija un precio artificialmente bajo para el dólar oficial, se ve forzado a limitar su oferta de divisas instalando un cepo cambiario.

 

Otro de los puntos centrales con respecto a este tipo de programas es que distorsionan el sistema de precios, que es esencial para el correcto funcionamiento de la economía. Esto es así porque los precios surgen de interacciones voluntarias a partir de la búsqueda permanente de las personas para utilizar sus recursos de la forma más eficiente posible. De esta manera, los precios sintetizan una gran cantidad de información y envían señales acerca de las preferencias de las personas, generando los incentivos que guían las decisiones de consumo, ahorro, producción e inversión.

 

Precisamente estos incentivos son los que se ven trastocados por los controles de precios, que desvían los recursos económicos de su curso natural hacia fines menos productivos. En última instancia, las consecuencias económicas de los programas de control de precios se traducen en una pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto: además de que no logran frenar la inflación, provocan una profundización de las distorsiones en la economía que no son compatibles con una mejora sostenida en el nivel de vida de la población.

 

Pero, si los controles de precios no funcionan, ¿cómo puede un país como Argentina alcanzar la estabilidad de precios? En principio, dada la historia y la fragilidad institucional del país, esta no es una tarea fácil. El corazón del problema, como comentamos al inicio, es el elevado nivel de gasto público que tiene como contrapartida un déficit fiscal que tarde o temprano deberá ser financiado con emisión monetaria. Aquí encontramos el porqué de la falta de independencia del Banco Central, cuya función no debe ser financiar al Tesoro, sino preservar el valor del dinero. Aquellos que identifican en los denominados “formadores de precios” a los responsables de la inflación no pueden explicar, por ejemplo, la experiencia argentina durante la última década del siglo XX.

 

En pocas palabras, lo que se requiere es un plan económico serio que contemple una reforma integral del Estado, garantice la seguridad jurídica y establezca reglas claras y previsibles en términos de política económica. A su vez, la credibilidad y el capital político de quienes lleven adelante esta transformación son piezas fundamentales para alcanzar el éxito. A este fin también es de suma importancia reforzar las instituciones del país, lo cual contribuye a generar la estabilidad necesaria para superar eventuales shocks adversos, evitando caer en los vicios históricos de la política económica. Sólo así será posible liberar definitivamente a la Argentina de la perniciosa inflación que hace décadas padece.

 

*****

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de FREE.

 

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