Francis Rafaela Márquez | Caracas, Venezuela

Dios y Federación, el lema de un país al que Dios aún no ha abandonado, pero para el cual la federación cada día se transforma más en un borroso recuerdo. 

A propósito de las elecciones regionales que se aproximan en Venezuela, en torno a un contexto político de desarticulación, desmotivación y desconfianza, hemos de recordar que las entidades federales de Venezuela han sido víctimas de un constante y progresivo atentado a su autonomía motivado por la instauración de un modelo de “democracia socialista” (planteado y definido en el Plan de la Nación 2007-2013, el primer plan de tintes socialistas aprobado en la historia del país). 

A partir de entonces, la facultad legislativa pasó al presidente mediante la Ley Habilitante del 2007, mediante la cual se generaron 66 decretos leyes en un lapso de 18 meses para impulsar cambios que perpetúen la “sociedad socialista”. Podemos ubicar en la aprobación de un plan socialista para la nación y la falta de independencia entre poderes legislativo y ejecutivo, el inicio del deterioro de la autonomía de las entidades regionales de nuestro país, entendiendo éstas como las gobernaciones y los municipios. Ejemplos claros de cómo la centralización se ha convertido en una política de Estado que, evidentemente, contraría los principios de nuestra constitución, son: acciones como la eliminación de peajes, la adscripción al Ministerio de Educación de organismos autónomos como la Fundación del Niño, la eliminación de las competencias de la policía del Distrito Metropolitano, la creación de una Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas, entre otros. Este artículo se quedaría sin palabras si continuamos recordando cómo la vida diaria del venezolano depende cada vez más de un macro estado con capacidades omnipotentes. 

Durante todos estos años se ha demostrado un abierto desconocimiento a la Constitución, obligando a los estados y municipios a ceder sus competencias y autonomía ante el poder central de carácter socialista; cuando realmente las entidades federales existen para que sean a ellas en las cuales se descentralicen las funciones del Poder Nacional y así garantizar que la toma de decisiones se acople a las necesidades específicas de cada sociedad, respetando su individualidad e independencia de otras entidades. 

Todas estas medidas, puntualmente, han tenido implicaciones regresivas para las garantías del bien común; aumentando el intervencionismo del Poder Nacional y perpetuando el desconocimiento del principio de no subordinación entre poderes planteado en las leyes para garantizar la salvaguarda de la autonomía de las entidades y las garantías políticas de cada uno de los ciudadanos venezolanos. La gravedad de este aumento de la centralización es el efecto negativo que trae para los derechos fundamentales de los venezolanos, que necesitamos el acceso oportuno a servicios de salud, justicia y sufragio; y de este último derecho en especial, tenemos mucho que decir. 

Nos encontramos en un panorama en el cual nuestras entidades federales tienen funciones limitadas y casi inexistentes (en casos como el Distrito Capital, por ejemplo). Sumado a esto, Venezuela es un país con un órgano electoral abiertamente parcializado (a pesar de las nuevas designaciones, que constituyen un esfuerzo de la dictadura de “cambiarse la careta”), una gran cantidad de detenidos políticos, sin protocolos de observación internacional transparente para procesos electorales, partidos y organizaciones políticas inhabilitadas y una profunda crisis social y democrática.

A estas alturas de la historia, ya es claro que la democracia tiene componentes fundamentales que van más allá de la realización de comicios, así como plantea el destacado politólogo Robert Dahl en su obra La Poliarquía. Hay ciertas condiciones que hacen posible la existencia de un sistema democrático: la libertad de expresión, asociación, voto, competencia entre líderes políticos, elecciones libres, justas e imparciales… Y como podemos ver con los hechos, ni Venezuela ni su sistema electoral pueden garantizarnos ninguna. 

Aun así, los partidos de “oposición” están haciendo el llamado a las urnas para “defender los espacios” de las entidades federales. Sí, las mismas que se han quedado sin funciones porque el ejecutivo autoritario se las ha arrebatado; y sí, ante el mismo sistema que ni siquiera puede garantizarnos resultados que reflejen la voluntad de los votantes y que constantemente ha amedrentado contra el pluralismo y la transparencia de los procesos. De lo que muchos no se dan cuenta es que la cuestión no está en ir a votar o no, en llenar una papeleta, la cuestión está en que ignoramos constantemente que hemos perdido derechos políticos y sociales que solo podemos conseguir con el sistema federal que nuestra constitución reconoce, y votar no los va a traer de vuelta. 

Entonces, se habla mucho de un cambio y de que la obtención de gobernaciones y alcaldías es un medio para alcanzarlo, pero ¿es una placa con la palabra “alcalde” en la puerta de una oficina lo que realmente otorga el poder de mejorar una situación? ¿o es la exigencia sistemática e inteligente por nuestros derechos lo que permitirá que tengamos condiciones para hacer ese cambio desde cualquier espacio? En la medida en que elijamos la respuesta correcta, podremos saber si Venezuela volverá a ser una federación y una democracia o si se sumirá en un autoritarismo que se disfraza de democracia cada vez que se celebran comicios electorales. 

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*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de FREE.