28 de Mayo 2021 Internacionales y politica
¿Es una buena idea estatizar la industria minera en Perú?

 Andrés Pernía | Caracas, Venezuela

 

En contra de todo pronóstico, el pasado 11 de abril de 2021 el candidato Pedro Castillo, apoyado por el partido Perú Libre, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú. 

 

Su llegada al escenario político ha despertado sentimientos en contra y a favor no solo en el país sudamericano, sino en toda Latinoamérica. Y no es de extrañar, pues muchas de sus propuestas que presentó en el Plan de Gobierno del partido presentado ante la Junta Nacional de Elecciones son de corte marxista-leninista. 

 

Si bien es importante reconocer que Pedro Castillo se ha desligado del plan del partido en las últimas semanas, algunas de sus propuestas fueron arduamente defendidas en su campaña electoral para las primarias y, hasta ahora, no han sido explícitamente cambiadas en su nuevo "Plan de Gobierno Perú al Bicentenario".

 

Este es el caso de la "estatización de los sectores estratégicos" (Plan de Gobierno de Perú Libre) entre los que se encuentra la industria minera, sobre la cual recientemente Pedro Castillo ha afirmado que "tendremos que nacionalizar (las minas) si el pueblo lo requiere" aludiendo a la voluntad del pueblo expresada en la Asamblea Constituyente que propone y a "nacionalizar" con quitarle la propiedad a las transnacionales y otorgarlas a empresas nacionales. 

 

En este artículo analizaremos la idoneidad de estatizar (nótese la diferencia con nacionalizar, establecida por el mismo Pedro Castillo) la industria minera en Perú.

 

La experiencia peruana

 

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta no es una idea nueva en el país, y de llegar a aplicarse, tampoco sería la primera vez.

 

A inicios de la década de los 70, después de haber experimentado un boom en la exploración minera gracias a los incentivos creados por el Código de Minería promulgado en 1950, la opinión pública sobre los beneficios que este auge había traído al resto de la sociedad empezaría a tornarse negativa. 

 

Según Becker (como se cita en Kuramoto y Glave, 2007) una encuesta que aplicaba a Lima arrojaba que el 75% de los capitalinos estaban a favor de la nacionalización de la industria a finales de los 60.

 

Esto facilitó que, una vez asumido el poder en 1968, una de las primeras medidas del dictador militar Juan Velasco Alvarado fuera nacionalizar los recursos mineros y petroleros del país. 

 

Los resultados fueron decepcionantes. A finales de los 70 los precios de oro y plata alcanzarían niveles históricos gracias a las expectativas de inflación de los agentes económicos a nivel internacional. Frente a esta explosión de ingresos derivados de los metales preciosos, el gobierno comenzó a gastar los ingresos provenientes de la exportación y a endeudarse como si no existiera un mañana. 

 

Sin embargo, después de 1981, la Reserva Federal había conseguido controlar la inflación, y el oro perdió atractivo frente a los inversionistas, lo que hizo que los precios de este cayeran. Esto generó una crisis económica en Perú, especialmente en el sector minero, que también estaba fuertemente endeudado

 

Mientras tanto, las empresas estatizadas seguían operando a pérdida, y los ingresos que generaban fueron destinados a sanar las cuentas públicas. La desinversión y la descapitalización de estas empresas eventualmente se volverían un problema más en las finanzas del Estado, problemas que el gobierno de Alan García pretendía solucionar aumentando la producción de billetes, nacionalizando la banca y desconociendo la deuda pública, lo que llevó al país a un proceso hiperinflacionario y, en consecuencia, a la pérdida del poder adquisitivo de la población. 

 

Problemas de la estatización 

 

El primer problema que surge cuando un país plantea estatizar alguna industria es que los gobiernos no tienen los incentivos necesarios para mantener el negocio a flote.

 

La élite gobernante busca permanecer en el poder, y en un sistema democrático esto implica mantener el favor de las masas.

 

La reinversión para mejorar infraestructura y aumentar la productividad se debilita, en tanto son recursos que pueden ser utilizados hoy para ganar los votos de las próximas elecciones (en un corto periodo de tiempo), por lo que es preferible esto último, a la primera opción.  

 

Peor aún, si se trata de recursos naturales, un aumento drástico de los precios se presentará como una oportunidad para pavonearse con los prestamistas internacionales que estarán sedientos de poner su capital en lo que aparenta ser una "inversión segura"

 

Los ingresos provenientes de la industria estatizada y los préstamos que con ella se han conseguido no son invertidos en actividades productivas (pues la producción no es la especialidad de los burócratas) y mucho menos son distribuidos democráticamente del, por y para el pueblo, sino para servir a los intereses de la casta política, sea del color que sea. 

 

De aquí surge un segundo problema: la corrupción institucional.  El aumento del presupuesto que maneja el político y la tercerización del riesgo que implica este modelo de negocio, genera incentivos para la malversación de fondos. 

 

En periodos de auge de la industria hay tanto para dar al pueblo que sobra para los gobernantes. Esos pequeños sobreprecios que al fin y al cabo no impactan en el presupuesto particular, y que, por tanto, difícilmente serán monitoreados por la población, se convierten en un hábito de la administración pública, hábito que poco a poco carcome las instituciones. 

 

Esto se observa con mayor ahínco en épocas de vacas flacas en las que son los ciudadanos quienes pagan la factura del festín, mientras los políticos no bajan su calidad de vida, y tampoco tienen incentivos para hacerlo. 

 

Esto genera malestar social, que fertiliza la tierra para la siembra de populismos, que en última instancia son los que terminan de aniquilar la democracia. 

 

Este fue el caso de Perú con la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990, y este fue el caso de Venezuela, que llevó a Hugo Chávez Frías al poder y que trajo como consecuencia la destrucción de una nación próspera, gracias a las distorsiones políticas generadas desde la estatización del petróleo en 1975

 

Estatizar la industria minera puede parecer, en principio, una buena idea para sanear las cuentas públicas del Perú, que es justamente el deseo de Pedro Castillo para poder reinvertir los ingresos que genere en educación y salud. Sin embargo, esto solo agigantará el Estado (y por tanto, su poder), y mientras más grande sea este, menos poder tendrá la sociedad civil para detenerlo. 

 

Son los propios incentivos del Estado productor los que terminan de aniquilar la democracia, haciendo de esta relación una relación destinada al fracaso.

 

Pedro Castillo significa para el Perú lo que Chávez para Venezuela. En estas elecciones no solo se juega el futuro de la gestión presidencial de los próximos cinco años de Perú, en estas elecciones se juega la libertad de todos los peruanos y peruanas. Latinoamérica no puede darse el lujo de perder una nación más. 

 

 *****

 

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de FREE.

 

 

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