01 de Diciembre 2020 Internacionales y politica
Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2020

El pasado 24 de noviembre, Property Rights Alliance presentó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2020 (IPRI), que busca medir la fortaleza de los derechos de propiedad en cada país. El índice, que puntúa a los países del 1 al 10, está integrado por tres componentes centrales: Ambiente Político y Legal, Derechos de Propiedad Física, y Derechos de Propiedad Intelectual.

 

El componente Ambiente Político y Legal describe el grado de fortaleza de las instituciones y el respeto por las reglas de juego por parte de los ciudadanos. Este componte se mide por las variables Independencia Judicial, Imperio de la Ley, Estabilidad Política y Control de Corrupción. El segundo componente, Protección de Derechos de Propiedad Física, está integrado por las variables Protección de Derechos de Propiedad Física,  Registro de Propiedad y Facilidad de Acceso a Préstamos. El tercer componente, Derechos de Propiedad Intelectual, está integrado por las variables Protección de Propiedad Intelectual, Protección de Patentes, y Piratería de Derechos de Autor.

 

 

Uruguay

 

Eric Bukstein | Montevideo, Uruguay

 

Uruguay está posicionado 46 de 129 países analizados, ubicándose en el tercer quintil. El puntaje obtenido fue de 6,199. El componente mejor puntuado fue Ambiente Político y Legal con 7,070 (puesto 22), seguido por Derechos de Propiedad Física con 6,622 (puesto 57), quedando Derechos de Propiedad Intelectual con un magro 4,906 (puesto 74).  El puntaje global cayó un 1.86% respecto al año 2019. 

 

La Región y el Mundo: ¿cómo estamos en comparación?

 

En promedio, los países estudiados alcanzaron un puntaje de 5,446 en 2020. La mala noticia es que es el tercer año de caída consecutiva del resultado.

 

El top 10 se compone por Finlandia, Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Japón, Australia, Holanda, Noruega, Luxemburgo y Dinamarca.

 

Latinoamérica y el Caribe quedó clasificada como la segunda peor región luego de África, alcanzando un 5,0517. Por su parte, el Mercosur alcanza un puntaje de 5,3331.  El país de América Latina mejor posicionado es Chile (28), seguido por Costa Rica (37) y luego Uruguay (46). Brasil está posicionado en el puesto 64, mientras que Argentina en el 79. Venezuela figura en el puesto 127, siendo el tercer peor país del mundo. Las fortalezas de la región y el Mercosur están en la protección de los Derechos de Propiedad Física. Sin  embargo, las calificaciones en Ambiente Político y Legal y Protección de los derechos de Propiedad Intelectual son bajas. En este sentido, Uruguay logra un mejor puntaje que estos grupos por la fortaleza de sus instituciones. A pesar de esto, la baja clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual es un problema a resolver.

 

Algunos Datos interesantes

 

Como era de esperarse, el estudio encuentra una correlación positiva entre el IPRI y el impulso productivo. Cuanto mayor protección de los derechos de propiedad, mayores PBI per cápita, inversiones, innovación e ingreso per cápita. 

Sin embargo, el estudio encuentra que también los derechos de propiedad están positivamente vinculados a salud, calidad de vida y a una robusta sociedad digital. Además, el IPRI tiene una correlación negativa con la necesidad de emigrar.

 

Metodología

 

Para medir las variables involucradas, el IPRI acude a indicadores de estudios como el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Indicador de Gobernanza Global del Banco Mundial, el Reporte Doing Business del Banco Mundial, el Índice de Derechos de Patente (elaborado por Park W. para Research Policy), y Global Software Survey; The Compliance Gap de BSA. Cada variable es convertida a una escala del 1 (mínimo) al 10 (máximo) y luego se calcula el promedio de ellas en cada componente. Por último, el Índice se calcula como un promedio de los tres componentes. 

 

 

Argentina

 

Emilio Caviglia | Buenos Aires, Argentina

 

Tanto los valores de libertad con la que fue plasmada la declaración de independencia de los Estados Unidos, ratificada posteriormente dentro de enmiendas constitucionales, y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano promulgada en Francia observan el valor de la propiedad privada como un concepto fundamental del Estado de Derecho. Los pensadores, fundadores, de estos ideales que han marcado y guiado a los actuales sistemas de gobierno entendieron perfectamente que la garantía sobre la tenencia, adquisición y desprendimiento de la propiedad configura y perfecciona aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad y preservación de la libertad. Estos conceptos, muy claros en los siglos XVII y XIX, se encuentran en tela de juicio actualmente en nuestro país. Pareciera que, la clase gobernante olvidase el valioso consejo que diera Nicolás Maquiavelo a su benefactor en la Florencia del siglo XVI:  "Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio". Estas palabras, dotadas de una practicidad increíble, advertían de algo que es inherente en el comportamiento humano contemporáneo: el fruto del esfuerzo, el capital de la persona, es invaluable para sus propietarios, a tal punto que la paz social depende en gran medida de la estabilidad y previsibilidad con que se trate a sus bienes. Con respecto al aspecto filosófico sobre la naturaleza de la obtención y legalidad de cada bien, John Locke advierte que:

 

Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya. Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres.

 

Esta gran definición estima el valor de la propiedad privada para el desarrollo del hombre como individuo, como miembro de una sociedad de iguales y como responsable ante el resto de la naturaleza. En su capacidad intrínseca como administrador, cada individuo tiene la responsabilidad del ejercicio ético de su libertad. Este acto, ligado a su capacidad de ejercer su voluntad “lo mejor que se pueda, según sus circunstancias” marca el desarrollo de la sociedad en general. Las capacidades mancomunadas del ejercicio de los derechos sobre la propiedad hacen al crecimiento real y sostenible de la economía. El Estado de Derecho, por consiguiente, es el garante artificial creado para preservar estos derechos, resolver los conflictos y hacer cumplir los contratos. El sistema creado para preservar las libertades individuales en pos del bien común debe tener, por lo tanto, como objetivo principal el de fomentar la actividad y velar por la justicia. Sin embargo, ¿podemos afirmar que esto ocurre actualmente en la argentina? ¿Podemos decir, pensar, que el sistema de administración (gobierno) vela por estos principios?

 

Con el motivo de analizar en profundidad el correcto ejercicio de la libertad y los diferentes aspectos sobre la propiedad privada, la Property Rights Alliance, organización con sede en Washington DC y con alianzas en todo el mundo, publica su “International Property Rights Index” (IPRI). Este índice, compuesto por trece indicadores que analizan desde la estabilidad política, independencia del sistema judicial, accesos al crédito, etc., busca clarificar el estado real de la admiración de los países con respecto a la propiedad privada. Con respecto a la Argentina, esta evaluación nos otorga una devolución que, por lo menos, debería llevarnos a la reflexión sobre la coyuntura. En un país donde la urgencia política, social, económica y cultural hacen al Estado de Derecho un Estado Excepción cotidiano, el ejercicio de perspectiva podría encauzar nuevamente nuestros esfuerzos hacia un futuro de estabilidad y previsibilidad jurídica y económica. Sobre los 179 países rankeados en el índice, Argentina se encuentra en el puesto N° 79. A nivel regional, no nos ha ido mejor, ya que nos encontramos en el puesto N° 10 de 21 países evaluados.

 

 

 

Como podemos ver en el gráfico de resultados, el desempeño de la administración sobre la propiedad mantuvo una cierta estabilidad, con sus respectivos crecimientos y decrecimientos según los momentos políticos. Principalmente, elementos como la independencia jurídica, control de la corrupción, protección de la propiedad física y acceso al crédito destacan como deudas eternas en la administración pública. Esto nos puede llevar a la conclusión de que, a pesar de las diversas urgencias planteadas en la agenda pública por la clase gobernante, temas tan vitales como una política impositiva coherente, la estabilidad financiera, la garantía de una justicia independiente, y el control sobre el ejercicio de los funcionarios públicos no han sido planteados o resueltos correctamente. No solo a nivel global, sino a nivel regional, estas “deudas institucionales” han ido marginando y embragado en forma constante el presente y futuro del país. Esta tendencia no es una novedad. Podemos estimar, que es el resultado de años de decadencia institucional. La radiografía que nos muestra el IPRI muestra a un paciente con una condición crónica que no es tratada, más bien todo lo contrario. El resultado: una constante decadencia. Se puede decir que alguien que padece una enfermedad y, a conciencia, no la corrige, solo puede esperarse peores resultados en el futuro. Y esta agenda negativa, este “Estado de Anomia” no solo afecta a toda la sociedad en su conjunto, también afecta a la región en lo inmediato, y al mundo en general.

 

Un resultado palpable y preocupante del daño a la propiedad privada y al cumplimiento de los contratos, es la pobreza. Hernando de Soto, presidente de la Property Rights Alliance, habla sobre esto en una carta que acompaña a la publicación del IPRI 2020: “Los derechos de propiedad privada garantizan la libertad y proveen incentivos, permitiendo a las personas vivir y trabajar con una meta, y no ser bloqueados fuera de la economía formal. Sin un sistema integral de propiedad, el mercado moderno es inconcebible”. Trabajar en pos de un sistema previsible es, por consiguiente, garantizar un sistema inclusivo. Una economía que no expulse a los vulnerables, sino una que en su crecimiento permita el desarrollo sostenible y real de cada uno de sus miembros y vecinos. Esta concepción, estos principios de libertad, no son ajenos a nuestro sistema político. Todo lo contrario. Alberdi, padre intelectual de nuestra constitución, inspirado en los sistemas liberales de Estados Unidos y Francia, establece como fundamentales el ejercicio de la libertad y la preservación de la propiedad. En su sistema económico y rentístico de la confederación argentina según su constitución de 1853, observa:

 

La propiedad, como garantía de derecho público, tiene dos aspectos: uno jurídico y moral, otro económico y material puramente. Considerada como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico, la Constitución argentina la consagra por su artículo 17 en los términos más ventajosos para la riqueza nacional.

 

Aquí, no solo podemos concluir que las garantías sobre la libertad individual llevan al progreso de cada uno de los sus ciudadanos, sino, por lógica consecuente, al crecimiento generalizado de toda la población. Edmund Burke opinaría a favor, diciendo que el hombre está capacitado naturalmente  para disfrutar sus libertades, encontrando un equilibrio ético debido a su amor inherente por la justicia. Si bien, el egoísmo y la “rapacidad” en el hombre son comportamientos esperables, este mismo limita sus comportamientos destructivos por el mismo hecho de vivir y amar. La existencia y el ejercicio de un correcto y coherente sistema político y social como lo es el Estado de Derecho moderno es el resultado de esta búsqueda. El respeto por las instituciones, la administración justa de este sistema se convierte, una vez más, en el mejor garante. Cabe en los ciudadanos la responsabilidad de reclamar a sus administradores, a sus representantes políticos, un acuerdo de gobernabilidad suficiente que permita el la preservación de estos principios. El conocer el estado de sus derechos, y cumplir con sus respectivas obligaciones, no es otra cosas que un deber básico para todos aquellos que quieran prevalecer como sociedad. 

 

 

Fuentes

Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe.

Locke, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil

Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la confederación argentina según su constitución de 1853.

IPRI: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/argentina

 

 

*****

 

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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