02 de Agosto 2021 Derecho
LUC: dinámica, fundada y urgente

Por Franco Sormani Souza | Montevideo - Uruguay

 

 

Desde nuestra primera Constitución, el Poder Ejecutivo se encuentra con la facultad de presentar proyectos de ley ante el Parlamento. Desde la reforma constitucional del año 1967, se incluyó el concepto de urgente consideración que acompañaba, ineludiblemente, al contexto histórico y coyuntura política de tal época. Debemos situarnos en la realidad política de ese entonces. Me refiero a la gobernanza colegiada, que hacía difícil la ejecutividad en la toma de decisiones. Respecto a la situación política, es menester mencionar que existían diferentes fraccionamientos y liderazgos dispersos políticos en los partidos políticos.

 

La declaración de urgente consideración ligada al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo exige el tratamiento y pronunciamiento legislativo dentro de determinado plazo, que una vez vencido, se traduce en la aprobación del proyecto tal cual presentado por el Ejecutivo.

 

Las disposiciones constitucionales que regulan esta figura no mencionan límites en su extensión ni en su contenido, y tampoco hace alusión a otro tipo de características requeridas. Sin embargo, en el año 2020, en ocasión de la discusión del entonces proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo, los detractores del mismo introdujeron un debate que excedía los preceptos constitucionales.

 

Es momento entonces de referirme al caso concreto de la actual Ley N° 19.889 (más conocida como “LUC” por las siglas de “ley de urgente consideración”), que si bien se encuentra vigente hace más de un año, aún sigue generando intensas discusiones en el sistema político uruguayo.

 

 

Flexible y dinámico

 

Dos palabras que se ajustan al proceso parlamentario que tuvo la referida ley. Este proceso demostró la importancia del pronunciamiento legislativo, que propició un intercambio productivo entre los representantes de los diferentes partidos políticos, con la cuota de dinamismo necesaria y ajustada a los plazos del mecanismo constitucional de urgente consideración.

 

El carácter de urgente acompañó en esta ocasión a los asuntos que el gobierno definió como necesarios, en sintonía con la dinámica de cambios que la ciudadanía demandaba y que determinó un cambio de rumbo en las elecciones nacionales del año 2019.

 

La ciudadanía clamaba por la recuperación de la convivencia pacífica, el fortalecimiento de las garantías para la coexistencia de derechos, mayor respaldo jurídico al accionar policial, así como medidas en materia de vivienda, educación, economía y límites a la discrecionalidad en las finanzas del Estado.

 

Todo ello implicaba asuntos clave para el gobierno, que fueron expresados durante la carrera electoral y que finalmente se plasmaron en texto legal. Dicho texto fue discutido y analizado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, entre otros, que fueron recibidos en el Parlamento durante el transcurso del tratamiento del proyecto, para manifestar sus puntos de vista e inquietudes. 



Lineamientos sustanciales para el desarrollo del gobierno

 

El contenido de esta herramienta jurídica vislumbra una serie de lineamientos sustanciales para el desarrollo del gobierno. Refleja un notorio giro en varias materias donde la ciudadanía esperaba respuestas del nuevo gobierno, principalmente en materia de libertades, seguridad, economía y educación.

 

Indudablemente, la mejor forma de evaluar la pertinencia de la LUC es observar la realidad y los resultados desde la aprobación de la ley. A modo de ejemplo, es innegable que, en materia de seguridad pública, los resultados son evidentes y las cifras demuestran una importante mejora en este aspecto. Los funcionarios policiales se sienten más respaldados para desempeñar su tarea con las debidas garantías legales.

 

En materia económica, el foco está puesto en la generación de empleo genuino en el sector privado, dando facilidades para la reactivación de la economía. También es un hecho la protección de la libertad de trabajo a aquellos trabajadores que deciden no adherir a medidas sindicales, ya que la LUC garantiza el acceso a los lugares de trabajo tanto de trabajadores no huelguistas como de propietarios y directivos de la empresa cuando existe alguna medida sindical de fuerza.

 

Del mismo modo, los uruguayos han recuperado libertad en materia de contratación, pudiendo optar libremente el medio de pago para la realización de diferentes negocios jurídicos. Antes de la LUC, se prohibía la utilización de dinero en efectivo para la realización de ciertas transacciones, restringiendo fuertemente el derecho de las personas a disponer del fruto de su esfuerzo.

 

Asimismo, y a pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia de Covid-19, se está llevando a cabo una paulatina reforma en materia educativa, poniendo en práctica las medidas establecidas en la LUC, en especial en lo relativo a la gobernanza del sistema educativo estatal.

 

Más allá de las medidas puntuales, la LUC globalmente resume una agenda de gobierno que fue electa democráticamente por los ciudadanos, y que hoy se encuentra en debate por estar en marcha una campaña de recolección de firmas organizada por la izquierda política y sindical para interponer un recurso de referéndum para derogar esta ley. Claramente se trata de una oposición al accionar del nuevo gobierno y a la filosofía política que sustenta su gestión. En una sociedad libre como la nuestra, celebramos que se puedan manifestar pacíficamente las discrepancias y que los detractores de la LUC expresen sus argumentos de manera sensata y ajustada al contenido del texto legal.

 

Documento de interés:

Ley N° 19.889 

 

 

*****

 

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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