15 de Agosto 2020 Internacionales y politica
Nicolás Maduro continúa violando los Derechos Humanos en Venezuela

José Ponte Rangel| Buenos Aires, Argentina

 


“Fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”(1).


Este párrafo es un pequeño extracto del nuevo informe emitido por la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 3 de julio de 2020, en relación a la crisis política y social en la República Bolivariana de Venezuela. Este documento retoma las denuncias y recomendaciones que habían sido publicadas previamente por la Alta Comisionada, el 4 de julio de 2019(2).


En Venezuela, la escasez de medicina, de comida y de libertad, se acentúan a diario. El país está dolarizado de facto. Mientras que el sueldo promedio de un trabajador es de 5 dólares, un estudio de sangre cuesta 18 dólares, una cita médica cuesta 20 y un kilo de leche en polvo cuesta 8. Cosas tan básicas como imposibles de alcanzar. Esta situación atenta directamente contra el derecho a la alimentación y a la salud.


En este sentido, la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada y avalada por la Universidad Católica Andrés Bello, con aportes de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, concluye que el 79,3% de los venezolanos viven en la pobreza(3). Una situación difícil de entender, habiendo ingresado al país más de 700 mil millones de dólares entre los años 2005 y 2012, gracias a la renta petrolera. A raíz de esto, la organización Transparencia Venezuela ha emitido diferentes informes donde demuestran que gran parte de esa bonanza petrolera fue diluida en la corrupción(4). La alimentación y el acceso al agua potable son derechos fundamentales que en Venezuela no se están respetando.


La crítica situación social se suma a los hechos de corrupción descriptos en el informe de la Alta Comisionada. Entre ellos, que los cuerpos de seguridad del Estado, como el FAES(5), se han convertido en un grupo de exterminio a la disidencia política y que han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos violan directamente el derecho a la vida.


“Cuando se producen muertes en el contexto de operaciones de seguridad, el modus operandi conlleva dificultades adicionales para el acceso de los familiares de las víctimas a la justicia. El ACNUDH documentó que, tras los asesinatos, las fuerzas de seguridad no solían estar dispuestas a aportar información a las familias sobre el paradero de las víctimas. Generalmente, tras días de búsqueda las familias encontraban el cuerpo de la víctima en una morgue”(6).


En el informe de la Alta Comisionada, se destaca también una situación que afecta a la frontera venezolana y a la selva amazónica, el llamado “pulmón del planeta”. La minería ilegal en el llamado arco minero del Orinoco(7), ha destruido gran parte de la tierra amazónica y ha contaminado con mercurio los ríos Amazonas y Orinoco, causando así daños irreparables al medio ambiente. Además de esto, el informe resalta que grupos irregulares han tomado ese territorio y no solo explotan los minerales, sino que también explotan sexualmente a mujeres y niñas.


“Las mujeres se dedican a todo tipo de tareas relacionadas con la minería, incluso en la extracción, y también trabajan como vendedoras informales. Muchas se trasladan a las minas para ocuparse como cocineras. En varios testimonios se dio cuenta del fuerte aumento desde 2016 de la prostitución, la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes. La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas “currutelas”, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”(8).


Hoy en día, América Latina puede celebrar que la mayoría de los países son gobernados por líderes democráticos, quienes no solo han llegado al poder electoralmente, lo que les da legitimidad de origen, sino que también ejercen el poder respetando la independencia de poderes, la constitución y las leyes, lo que les da legitimidad de ejercicio. Ya no es suficiente llegar al poder por elecciones para llamar a un gobierno democrático; es necesaria la legitimidad en el ejercicio del poder.


En este sentido, la democracia y el respeto a los Derechos Humanos necesariamente deben ir de la mano. De no ser así, no podemos hablar de un sistema democrático. Por más que algunos eruditos intenten crear un punto medio sugiriendo “medias democracias”, tal cosa no existe. Con los Derechos Humanos y la democracia no hay grises: se respetan o no se respetan los derechos universales, hay o no hay democracia.


El gobierno venezolano se ha consolidado como un régimen no democrático, que no solo no respeta la división de los poderes del Estado, sino que ha ido más allá y hoy nos recuerda a las dictaduras cívico-militares más atroces que vivió nuestra región y que creímos superadas. Los informes emitidos desde el año 2016 por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y los recientes informes de 2019 y 2020 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, describen una realidad que no deja ninguna duda sobre el tipo de sistema político implementado por Nicolás Maduro Moros y la cúpula militar.


Mientras tanto, en Venezuela se prepara una nueva violación a los derechos civiles y políticos: se espera que a fin de año, se realicen nuevas elecciones controladas por el poder electoral, dirigido por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las cuales los lideres y partidos políticos opositores no podrán participar por estar inhabilitados políticamente los primeros y haber sido ilegalizados los segundos. Estaremos en presencia de un nuevo fraude electoral, que acentuará la crisis política.


Frente a esta situación, los actores políticos latinoamericanos deben necesariamente prestar más atención a la búsqueda de una solución política en Venezuela, que pasa indiscutiblemente por la realización de elecciones generales con garantías internacionales. De esta manera, los ciudadanos venezolanos podrán ejercer realmente su derecho a la autodeterminación, un hecho impensable bajo regímenes no democráticos.


La defensa y garantía del goce de los Derechos Humanos por parte de todos los hombres es un trabajo diario. Ninguna organización o herramienta de la sociedad internacional debería permitir la violación de estos derechos, dada su universalidad. Sin embargo, en ciertos casos, algunos actores del concierto internacional aluden al principio de “autodeterminación de los pueblos” para eludir responsabilidades en relación a su defensa. Esto es inconcebible, especialmente si hablamos de países socios, amigos o hermanos, como algunos refieren a la relación en América Latina.


La defensa y el respeto a los Derechos Humanos debe superar cualquier afinidad o enfrentamiento ideológico, y esto lo deben tener claro los líderes de los países latinoamericanos.

 


Referencias


(1)https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf
(2)https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
(3)https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
(4)https://transparencia.org.ve/project/informe-anual-corrupcion/
(5)https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50677411
(6)https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Bachelet-julio-2020.pdf
(7)https://arcominerodelorinoco.com/
(8)https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Bachelet-julio-2020.pdf

 

 

* * * * *

 


Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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