09 de Agosto 2019 Internacionales y politica
¿Por qué Nueva Zelanda?

Eric Bukstein | Montevideo, Uruguay

 

La pequeña nación oceánica que encontró la fórmula para el crecimiento y el desarrollo se posiciona como referencia para el Uruguay del futuro.

 

En las elecciones internas, el candidato triunfador por el Partido Colorado Ernesto Talvi se refirió en reiteradas oportunidades a dos países: Chile y Nueva Zelanda. Chile puede resultar un caso familiar por la cercanía geográfica y cultural con el Uruguay. Pero con Nueva Zelanda, el economista sorprendió a más de uno.

 

Talvi destacó a Nueva Zelanda por varios motivos. En primer lugar, por su gran capacidad de producir alimentos aplicando alta tecnología y productividad. En segundo lugar, por el notable profesionalismo de sus empresas públicas. Y en tercer lugar, por su diplomacia orientada al comercio.

 

Entonces, ¿qué tiene de especial Nueva Zelanda?

 

Lo interesante de Nueva Zelanda es que tiene una producción y escala similar a la de Uruguay. Nueva Zelanda tiene poco más de cuatro millones de habitantes, frente a los poco más de tres que tiene Uruguay. Geográficamente también hay puntos en común. Uruguay y Nueva Zelanda tienen superficies y climas comparables, y además están físicamente lejos de los grandes centros y principales rutas comerciales del mundo. Al igual que Uruguay, Nueva Zelanda tiene ventajas comparativas en la producción agrícola, ganadera y forestal. De hecho, sus tres principales rubros de exportación productos de exportación son productos lácteos, carne y despojos comestibles y madera y carbón vegetal.

 

A pesar de tener condiciones tan similares, estos dos países han tenido resultados económicos notoriamente distintos. Nueva Zelanda posee el 22° PBI per cápita de del mundo (41.266 USD), mientras que Uruguay se posiciona en el puesto 44 (con USD17.164). Nueva Zelanda se encuentra en el puesto 16 en el ranking de Índice de Desarrollo Humano, mientras que Uruguay se encuentra en el puesto 55.

 

De acuerdo con el Global Competitiveness Report, Nueva Zelanda es el mejor país del mundo en prevalencia de desvíos de fondos públicos. Es el país con mayor transparencia en el Estado, el 2° mejor en pagos irregulares y sobornos, 8° en eficiencia de gasto en el gobierno, 9° en equilibro fiscal, 7° en calidad de educación primaria, y 10° en matriculación terciaria.

 

Por su parte, Uruguay se encuentra 40° en desvío de fondos públicos, 30° en transparencia, 28° en pagos irregulares y sobornos, 117° en eficiencia de gasto de gobierno, 88° en equilibrio fiscal, 92° en calidad de la educación primaria y 50° en matriculación terciaria.

 

Por su parte, el índice de Facilidad para Hacer Negocios califica a este pequeño país de Oceanía como el mejor del mundo, justamente, para hacer negocios (mientras que Uruguay está en el puesto 95).

 

Para los investigadores de las ciencias sociales, esto puede constituir un experimento natural a estudiarse mediante método comparado. Esto se resume a una pregunta simple: ¿qué hizo ese país, aparentemente tan parecido al nuestro, para obtener resultados tanto mejores?

 

Para empezar a responder esta pregunta, hay que ir a los libros de historia. En la década del 1930, Nueva Zelanda aplicó una política proteccionista caracterizada por la industrialización por sustitución de importaciones (¿suena familiar?). La idea de esta política era evitar shocks externos y dar predictibilidad a la economía. Esto fue acompañado por un fuerte empuje de las empresas públicas, altos impuestos, estrictos controles estatales, y un extensivo sistema de seguridad social (¿todavía no suena familiar?). Esto provocó que el PBI per cápita pasara de ser el 3ro más alto del mundo en 1950 al 12avo en 1990.

 

Hasta 1984, Nueva Zelanda contaba con controles de precios, de salarios, de la tasa de interés y del tipo de cambio. Además disponía de subsidios a actividades productivas como el agro y la industria. Los sectores productivos estaban protegidos de la competencia internacional con licencias de importación como principal herramienta. El Estado estaba fuertemente involucrado en la actividad productiva. De hecho, las empresas estatales representaban en 1984 el 12% del PBI y el 20% de la inversión bruta total.

 

El Estado también estaba experimentando un alto grado de endeudamiento. En 1984 tuvo un déficit fiscal por encima del 6%, una deuda pública por encima del 40% y una deuda externa del sector público y privado en 95% del PBI. Además, contó con períodos inflacionarios mayores a 10%

 

En resumen, la situación económica de Nueva Zelanda no era muy distinta a la que podía estar experimentando un país latinoamericano a mediados de siglo XX. La economía neozelandesa era una de las más protegidas y reguladas del mundo occidental. Las consecuencias se evidencian cuando se analiza el período 1950–1980, donde Nueva Zelanda creció al 50% de la media de la OCDE.

 

Pero si hay algo a destacar de esta experiencia, es la capacidad de reconversión que tuvo el sistema político. 1984 fue el punto de partida.

 

La gran crisis monetaria de ese año obligó a tomar una serie de medidas que favorecieron el crecimiento. Se procedió a implementar un paquete de medidas estructurales que abarcaron el fin de los controles de precios, la reducción y simplificación de impuestos, la firma de TLCs, la flexibilización de los contratos laborales y una reducción del gasto público.

 

A nivel microeconómico, se eliminaron los controles cambiarios, las licencias para la obtención de divisas y las restricciones a los flujos de inversión extranjera. Se eliminaron controles y regulaciones del sistema bancario. El sistema bancario, que solamente se componía de un banco estatal y tres extranjeros, fue desregularizado para que entraran nuevos actores.

 

A nivel comercial también hubo cambios sustanciales. Nueva Zelanda empezó a tener intercambios fluidos con Australia. Para esto se redujeron y luego se eliminaron las restricciones cuantitativas al comercio. Además, se bajaron unilateralmente los aranceles. Esto fue acompañado por una serie de acuerdos comerciales que aseguraron el acceso preferencial a los principales mercados del mundo.

 

Los subsidios a los sectores agrícola e industrial fueron eliminados. Entre 1984 y 1990, como resultado, hubo un estancamiento de las exportaciones. Pero luego de que los productores se reconvirtieron, el peso del sector en el PBI aumentó y la productividad aumentó un 400%.

 

En materia tributaria hubo una simplificación y reducción de los impuestos a las sociedades y a las personas físicas. Contra-intuitivamente, esto generó un aumento de la recaudación de 30% del PBI a 33% del PBI. Además se redujo el déficit de un 7% a un 1% para finales de la década.

 

Además, una serie de monopolios y regulaciones fueron desarticulados, sobre todo en transporte de carga y pasajeros, telecomunicaciones y energía. Esto fue seguido de privatizaciones. Por su parte, algunas de las empresas que se mantuvieron en la esfera del Estado se vieron obligadas por ley a buscar financiamiento propio en el mercado de capitales, y el Estado se deslindó del deber de recapitalizarlas en caso de quiebra. Esto generó un enorme salto de productividad y rentabilidad.

 

En los departamentos ministeriales se introdujeron Directores Ejecutivos con contratos a plazo para dirigir las reformas que bajasen el gasto y aumentaran la eficiencia. Su sueldo pasó a ser determinado en función del resultado.

 

Esto contribuyó a valorizar a las compañías y poder venderlas al sector privado para que continúe la senda de mayor eficiencia. Entre 1987 y 1995 hubo 27 privatizaciones que dejaron 7 mil millones de dólares de dividendos. Este proceso de privatizaciones se caracterizó por no dar favoritismos ni preferencias para otorgar las empresas a determinados agentes económicos (como ex-trabajadores) y por incluir a inversores extranjeros.

 

En resumen, la política estatista-sustitutiva fue reemplazada por una competitiva y aperturista.

 

Otro punto que merece ser apreciado con detenimiento es la reforma de las relaciones laborales. Mediante el Employment Contracts Acts se introdujo una serie de medidas decisivas: la libertad de los trabajadores de decidir si integrar un sindicato: la libertad de los empleados y empleadores de elegir qué agente negocia sus contratos por ellos (pudiéndolo hacerse individualmente); que el tipo y contenido del contrato sean negociables; que cuando una parte viola el contrato, la otra tiene libertad de tomar medidas; que en general, las huelgas son legítimas sólo cuando haya un nuevo contrato en negociación cuando el presente se esté expirando; y que las disputas contractuales sean tratadas por tribunales especializados.

 

La evidencia empírica señala un aumento de contratos con remuneraciones basadas en rendimiento y prácticas laborales más flexibles. Además esto aumentó la productividad de la economía. Entre 1992 y 1995 la productividad de los factores aumentó a una tasa compuesta de 2,3% anual. Se vio también una caída del poder coercitivo de los sindicatos que acompañaron aumentos de la productividad de trabajo y mayor flexibilidad operativa. 39% de las empresas públicas, y 47% de las privadas manifestaron que la nueva normativa aumentó su productividad. El público general creyó lo mismo en un ratio de 2:1.

 

También se experimentó el aumento de empleo más fuerte de los anteriores 20 años. Estudios econométricos dicen que el Act explica, al menos, una sexta parte del aumento. Tuvo un efecto positivo en todos los tipos de relaciones laborales, y especialmente en los trabajos part-time. En materia de crecimiento, 54% del público estimó que el Act fue motivo de crecimiento. El 76% de las empresas encuestadas manifestó lo mismo. Y en materia salarial, 51% de los encuestados respondió creer que el Act tuvo un impacto positivo en sus salarios.

 

No todas las medidas tomadas por Nueva Zelanda tienen que resultarle sorpresivas al lector uruguayo. Ya la mayoría da por sentado que los controles de precios, salarios y tipos de cambio son por naturaleza negativos. Esa discusión ya está saldada. Pero hay otras medidas que Uruguay no ha adoptado. Son las medidas que resultaron decisivas para que Nueva Zelanda alcanzara los resultados actuales que tan lejanas nos resultan. Estas pueden dividirse en dos: shock de competitividad (tanto en el sector público como en el privado) y liberalización de las relaciones laborales.

 

En esos campos es que el Uruguay se juega su futuro inmediato. Es por eso que debe valorarse la referencia presentada por Talvi (o por sus asesores). Si bien las reformas discutidas parecen lejanas, ya era hora de que alguien las invitara al debate político.

 

*****

 

*Las ideas aquí expresadas pertenecen al autor del artículo y no necesariamente son las de la Fundación Rioplatense de Estudios.

 

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